Que la vivienda se ha convertido en una enorme patata caliente política no es ninguna novedad ni nada que no se haya podido comprobar en lo que va de 2025. El fin de semana Alberto Núñez Feijóo presentó la fórmula del PP para afrontar lo que el Gobierno califica ya de «emergencia social». Y hace unos días era el presidente Pedro Sánchez quien desgranaba una lista de 12 medidas de política residencial que él resumía con una sola frase: «Más vivienda, mejor regulación y mayores ayudas para el acceso».
La gran pregunta es… ¿Se reflejan esas decisiones en las urnas? Y si es así, ¿premian o penalizan electoralmente? Esas mismas cuestiones son las que se plantearon hace poco un grupo de investigadores que se centraron en una política muy concreta: la construcción de vivienda pública en las ciudades de Alemania.
De vivienda pública y urnas. El encarecimiento de los alquileres y el precio de las casas se ha convertido en uno de los temas que más quebraderos de cabeza da a los políticos de buena parte de Europa. Y uno de sus frentes clave es la creación de vivienda pública. En 2016 de media el 81% de los encuestados en los países de la OCDE consideraba que sus gobiernos tenían la responsabilidad de «proporcionar vivienda decente». Sin embargo y a pesar de esa importancia creciente, no abundan los estudios que indaguen en un aspecto crucial: hasta qué punto los políticos están incentivados (o desincentivados) electoralmente para crear oferta pública.
Esa es la pregunta que se hicieron hace poco Hanno Hilbig y Andreas Wiedemann, investigadores respectivamente de la Universidad de California y la Universidad de Pricenton. Las preguntas que intentaron despejar en un artículo que acaban de publicar en American Journal of Political Science son: Que un político construya vivienda pública, ¿le afecta en las urnas? Y si es así, ¿en qué sentido? ¿Puede convertirse la lógica electoral en un aliciente o, por el contrario, socava los incentivos para levantar apartamentos y casas para las familias con menos recursos?
¿Y cómo lo han hecho? Hilbig y Wiedeman centraron su foco en un lugar y franja temporal muy concretos. El análisis que acaban de publicar se ciñó a lo ocurrido en Alemania durante unos 20 años, entre finales de los 80 y principios de la década pasada. Para ser más precisos se basaron en el censo de viviendas de 2011 y datos de 19.685 elecciones municipales celebradas entre 1989 y 2011. Ese matiz de «municipales» es clave porque los investigadores hablan en todo momento de «políticos locales», «política local» y votaciones sujetas a ese ámbito geográfico.
Que lo hayan hecho así no es casualidad. En su artículo, Hilbig y Wiedemann recuerdan que en Alemania los dirigentes municipales «controlan palancas fundamentales» en los mercados inmobiliarios y «soportan la mayor parte de las cargas fiscales y electorales asociadas a la escasez de vivienda». «En muchos contextos los gobiernos locales son directamente responsables de la construcción de nuevas viviendas asequibles», enfatizan ambos académicos. Su estudio también refleja las peculiaridades del mercado germano.
¿Y qué descubrieron? Un contrasentido. Al menos en apariencia. A pesar de que se ha complicado el acceso a la vivienda y los votantes reclaman soluciones, algo que en el caso de España quedó claro durante la movilización del 13 de octubre, la creación de vivienda pública parece tener un coste político. Y no positivo, precisamente. El estudio demuestra que los políticos locales que apostaron por esa medida en Alemania no se han visto favorecidos en las urnas. O peor, se han visto ligeramente penalizados.
Una factura de medio punto. «Para anticipar nuestros resultados, demostramos que los cargos electorales locales no suelen ser recompensados en las urnas por construir nuevas viviendas sociales. En la mayoría de los casos resulta electoralmente costoso, ya que los votantes castigan a los políticos locales», resumen los investigadores, que incluso han medido esa ‘factura’ electoral: los votantes castigan a sus dirigentes locales por la creación de vivienda pública recortando su apoyo medio punto.
«En los municipios que construyen viviendas públicas antes de una elección, el partido en el poder pierde entre 0,45 y 0,52 puntos porcentuales en comparación con municipios sin construcción de vivienda pública», precisan los autores del estudio. Se trata de un efecto «sustancialmente pequeño», que representa cerca del 21% del cambio medio en la proporción de votos entre elecciones consecutivas, según los cálculos realizados por Hilbig y Wiedermann, pero aun así resulta particularmente elocuente.
Pero…¿Cuál es el motivo? Esa es la gran pregunta. Y los investigadores barajaron tres posibles respuestas. La primera es que a los dueños de viviendas les preocupe que la construcción de edificios para la oferta pública desemboque en una pérdida de valor y altere sus barrios. La segunda es la imagen que los residentes locales (y por tanto votantes) tienen de las personas que se beneficiarán de la vivienda pública o sencillamente una cuestión de «competencia» entre los nativos y recién llegados.
La tercera es que, aunque los vecinos pueden estar a favor de este tipo de construcciones, prefieren que los gobiernos prioricen otros gastos al manejar sus presupuestos limitados. En ese último caso influiría, y mucho, las características de cada localidad.
«En los municipios donde la vivienda es barata en relación con los ingresos, el apoyo a la nueva vivienda es casi un 50% menor que en aquellos en los que la vivienda es relativamente cara», señala el artículo. «Dado que la construcción de nuevas viviendas públicas es costosa, los votantes pueden castigar a los gobernantes si consideran que estos gastos excluyen otras políticas prioritarias. Como resultado, los políticos locales se enfrentan a incentivos electorales inciertos y pueden no invertir cuando los costes electorales superan la recompensa política».
Cuestión de prioridades. Esa última idea se repite a lo largo de la investigación, que concluye que, si bien a los votantes puede no disgustarles la vivienda pública, valoran también los esfuerzos dirigidos a otros frentes. «Los votantes castigan a los gobernantes si la construcción de viviendas públicas costosas desplaza el gasto en otros ámbitos políticos favorecidos».
«Nuestros resultados brindan el respaldo más sólido a que los residentes locales no recompensan e incluso castigan electoralmente a los gobernantes por las nuevas construcciones porque prefieren que gasten el dinero en otras áreas de la política local prioritaria», zanjan Hilbig y Wiedermann. «Esta dinámica es particularmente pronunciada en los municipios más pobres con suficiente oferta de viviendas, lo que sugiere que solo las localidades más ricas pueden tener la capacidad fiscal y el apoyo (tácito) de los votantes para construir nueva vivienda pública».
Imágenes | Peter Muscutt (Unsplash) y Ryan Lau (Unsplash)
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