Las tres aseguradoras privadas que trabajan con Muface (Adeslas, Adisa y DKV) han abandonado el concierto para los próximos dos años. El sistema concertado de salud que se ofrece en España y al que acceden más de 1,5 millones de funcionarios dejará de tener el apoyo de estas aseguradoras privadas, lo que deja en el aire su cobertura de salud.
Qué dicen las aseguradoras. Según han anunciado las distintas compañías, han decidido no presentarse a la licitación del nuevo concierto de Muface. Salvo los funcionarios de Justicia (Mugeju) y del Ejército (Isfas), el resto de funcionarios quedará por el momento sin estar cubierto por estas aseguradoras.
El motivo es que consideran que el modelo está infra financiado. Según cálculos de DKV, mientras el gasto sanitario ha aumentado un 60,6% en la última década, la prima de Muface lo ha hecho solo un 31,6%. Según las aseguradoras, sus pérdidas son de unos 200 millones de euros al año.
Los números. La oferta para 2025-2026 era aumentar la prima un 17,12% con un presupuesto total de 2.681 millones de euros, pero las aseguradoras solicitan un 38%. Inicialmente la propuesta del Gobierno fue un 14% y la posición de las aseguradoras de un 40%.
Además de para compensar las pérdidas, este aumento se deriva de la intención de la nueva licitación de añadir nuevos servicios como el seguro dental y tratamientos para pacientes oncológicos.
Qué dice Muface. Según explica Muface, su prima del 17,12% es la mayor de la historia desde que existen registros homologables. Hasta septiembre de 2025 hay margen para alcanzar un acuerdo, pues se aplicaría una prórroga forzosa de nueve meses por la Ley de Contratos Públicos. Sin embargo, desde Mufase explican que ya están trabajando en una nueva licitación. Es decir, una nueva propuesta.
Pese a todo, desde Muface intentan tranquilizar a los funcionarios asegurando que «todos los mutualistas, tanto los titulares como los beneficiarios, van a continuar recibiendo la misma asistencia sanitaria que disfrutan con las condiciones actuales». Una promesa que parece difícil de cumplir si no consigue el apoyo de las aseguradoras privadas, sean Adeslas, Adisa y DKV, u otras.
Por qué no es rentable. El motivo que subyace el desequilibrio de las cuentas de Muface es la elevada siniestralidad de la población. Según datos de Adeslas, más del 40% de los atendidos tiene más de 55 años.
Sin embargo, tener a estos funcionarios en Muface sale más barato que tenerlos directamente en la sanidad pública. El Estado español invierte unos 1.736 euros por ciudadano en el Sistema Nacional de Salud (SNS), por unos 1.208 euros que cuesta la prima media en Muface.
Según un estudio de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), el modelo de Muface permite ahorrar al Estado unos 890 millones de euros al año, aunque cada vez son más los funcionarios que optan por acudir a la salud pública.
La gran pregunta: ¿puede la sanidad pública asumir a todos los funcionarios? El Ministerio de Sanidad es el primero que está valorando la opción de que todos los funcionarios pasen al SNS. Pero según datos del Gobierno, esto implicaría un crecimiento de entre un 2-3% de población atendida. Que sería de cerca del 4% en la población entre 64 y 79 años.
El sistema de sanidad necesitaría incrementar de golpe en más de 700 médicos. Una situación difícil teniendo en cuenta que el sistema de salud pública ha ido perdiendo capacidad de asistencia y se calcula que, sin contar con el impacto de Muface, hacen falta más de 4.500 médicos de familia.
Hasta cuánto se está dispuesto a pagar. Las cartas están sobre la mesa y ya se está pensando en la nueva licitación. Una de las propuestas habla de una subida de las primas del 24% en 2025 y otro 1% en 2026. Sobre los 17,12% actuales, supone una aportación adicional de unos 106 millones de euros. Todavía alejado del 40% que piden las aseguradoras pero más cerca.
El actual gobierno no quiere aumentar tanto las primas y parece clara su apuesta por cambiar el modelo y seguir aumentando el porcentaje de funcionarios que apuestan por la sanidad pública. Si bien, esto parece una utopía en el corto plazo, donde el sistema de sanidad pública parece lejos de poder asumir ese coste de golpe.
Imagen | Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública
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